EL NOMBRAMIENTO PROPIO O COOPTACIÓN DE LOS JUECES Y FISCALES EN EL FUERO PRIVATIVO MILITAR POLICIAL. ¿AFECTA AL PRINCIPIO DE SEPARACION DE PODERES?.


     La Ley Nº 29812 – denominada “Ley de organización y Funciones del Fuero Militar Policial”, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1096, señala que el nombramiento de los Jueces y Fiscales, así el Jefe del Órgano de Control de la Magistratura del Fuero Militar Policial son realizados en forma directa, es decir, mediante la cooptación, en la que no se tienen en cuenta méritos ni formación adecuada que le de idoneidad para el cargo.

     Efectivamente la mencionada ley establece en su artículo 10 que “Los Vocales Supremos del Tribunal Supremo Militar Policial son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta de su Sala Plena, previa evaluación y concurso de méritos”. Son removidos bajo falta grave (…)”. En el caso de los jueces y fiscales de instancias inferiores, es el propio Tribunal Supremo de justicia militar el que los nombra.[1]

     Igualmente, en el caso de la elección de los Fiscales Supremos en el artículo 26 ha señalado que “Los Fiscales Supremos son designados por el por el Congreso de la República en la misma forma y procedimiento establecido al establecido para los Vocales Supremos del Tribunal Supremo Militar Policial.

     En el caso de la designación de los Vocales Supremos, la norma denominada “Ley de organización y Funciones del Fuero Militar Policial” contraviene claramente a la Constitución Política del Estado, al autorizar expresamente que el ejecutivo invada competencias del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano constitucionalmente autónomo que según lo establecido en el artículo 150 de la Constitución “se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales.”

     Sobre este particular, el Tribunal Constitucional ha sido enfático en señalar que el Consejo Nacional de la Magistratura, es el único órgano constitucionalmente autorizado para designar jueces y fiscales. En la sentencia de fecha 29 de Marzo de 2006 ha señalado que: “Es importante destacar que el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano encargado, conforme a sus atribuciones constitucionales, de establecer los requisitos y condiciones que deben reunir quienes postulen a la jurisdicción especializada en lo militar”[2] (…) el ente encargado de nombrar a los fiscales, en todos los niveles, es el Consejo Nacional de la Magistratura.”[3] . De forma tal que el modo de selección de los operadores jurídicos del Fuero Privativo Militar Policial garantiza  su idoneidad en el cargo, toda vez que, la designación de los miembros de los tribunales militares es un aspecto relevante para la organización del sistema de justicia militar, pues permite tener una idea del grado de independencia que estos funcionarios tienen al momento de ejecutar su labor. [4]

     La Constitución Política, norma que por disposición expresa del art. 50 de su texto prima sobre otras de inferior jerarquía, establece que el Consejo Nacional de la Magistratura,  encargado del nombramiento de los Jueces y Fiscales “es independiente”, y se rige por su Ley Orgánica, por lo que, existiendo un proceso de selección preestablecido para la selección de los magistrados en general, la selección de los magistrados del tribunal militar policial no puede se realizada mediante la cooptación o designación directa. Sobre esta forma de selección, si bien Couture está de acuerdo y la defiende señala que debe ser complementado con un adecuado sistema de selección como el concurso de méritos y oposición.[5]

     La cooptación conforme se encuentra descrita en Diccionario de la Real Academia Español proviene del lat. cooptatĭo, -ōnis, significando acción y efecto de cooptar, y cooptar significa llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella. En conformidad con ello, se puede decir que la forma de selección de jueces y fiscales del Fuero Privativo Militar Policial, es mediante la cooptación.

     La cooptación es una forma de organización que no toma en cuenta los méritos de las personas para ocupar cargos públicos, o realizar diferentes tipos de liderazgos naturales. Los nombramientos son realizados internamente, por los propios jefes de la organización. Este sistema, anti democrático de selección legitima la deshonestidad, al desvalorar la capacitación, los méritos y la idoneidad para el cago de magistrado. Es una forma de cohecho o de trafico de influencia para mantener un status pre establecido con la finalidad de mantener siempre el poder al servicio de los fines mas ignotos de aquellos que se encuentran en los órganos que administran la justicia militar.

     Debe tenerse en cuenta que conforme se señala en el artículo 43 de la Constitución Política “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.” Y, que, dentro de la estructura del Estado, el Consejo Nacional de la Magistratura se erige como un órgano constitucionalmente autónomo con fines constitucionales establecidos, y con competencias que no pueden ser arrogados por entidades u órganos de inferior rango.

     En palabras de Elías Díaz: “La separación de poderes constituye, en efecto, el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo de los reyes en nombre de los derechos del pueblo: legislativo popular, pues, intentando limitar el poder omnímodo del ejecutivo, en amplia medida dominado por el rey. Y junto a ello, lucha por la independencia de la función judicial. El sentido histórico e ideológico del principio de la separación de poderes es, así, evitar la concentración de poder en manos, sobre todo, del titular del poder ejecutivo, a fin de lograr el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos que, representados democráticamente, constituyen ahora el poder legislativo”.[6]

     De Principio de separación de poderes debe destacarse su esencia, esto es la de impedir la concentración despótica del poder para salvaguardar la libertad de los ciudadanos, una herramienta para la realización de la libertad, con una visión de los poderes que se integran y complementan para el cumplimiento de las funciones encomendadas en la Constitución.


[1] Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar y Policial No 29.182, art. 13 inc. 2

 

[2] Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Exp. Nº 0004- 2006-PI/TC, (Lima: 29 de marzo, 2006), art. 43

[3] Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Exp. Nº 0004- 2006-PI/TC, art. 166

[4] RIAL, Juan
La justicia militar : entre la reforma y la permanencia . – 1a ed. – Buenos Aires : RESDAL,2010.
168 p

[5] ALSINA, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, tomo I, editorial Compañía Argentina de Editores, ed.1941, p.127

[6] DÍAZ, Elías ,Estado de Derecho y sociedad democrática. Editorial Taurus, España,1998, p. 47.

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