EL NOMBRAMIENTO PROPIO O COOPTACIÓN DE LOS JUECES Y FISCALES EN EL FUERO PRIVATIVO MILITAR POLICIAL. ¿AFECTA AL PRINCIPIO DE SEPARACION DE PODERES?.


     La Ley Nº 29812 – denominada “Ley de organización y Funciones del Fuero Militar Policial”, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1096, señala que el nombramiento de los Jueces y Fiscales, así el Jefe del Órgano de Control de la Magistratura del Fuero Militar Policial son realizados en forma directa, es decir, mediante la cooptación, en la que no se tienen en cuenta méritos ni formación adecuada que le de idoneidad para el cargo.

     Efectivamente la mencionada ley establece en su artículo 10 que “Los Vocales Supremos del Tribunal Supremo Militar Policial son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta de su Sala Plena, previa evaluación y concurso de méritos”. Son removidos bajo falta grave (…)”. En el caso de los jueces y fiscales de instancias inferiores, es el propio Tribunal Supremo de justicia militar el que los nombra.[1]

     Igualmente, en el caso de la elección de los Fiscales Supremos en el artículo 26 ha señalado que “Los Fiscales Supremos son designados por el por el Congreso de la República en la misma forma y procedimiento establecido al establecido para los Vocales Supremos del Tribunal Supremo Militar Policial.

     En el caso de la designación de los Vocales Supremos, la norma denominada “Ley de organización y Funciones del Fuero Militar Policial” contraviene claramente a la Constitución Política del Estado, al autorizar expresamente que el ejecutivo invada competencias del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano constitucionalmente autónomo que según lo establecido en el artículo 150 de la Constitución “se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales.”

     Sobre este particular, el Tribunal Constitucional ha sido enfático en señalar que el Consejo Nacional de la Magistratura, es el único órgano constitucionalmente autorizado para designar jueces y fiscales. En la sentencia de fecha 29 de Marzo de 2006 ha señalado que: “Es importante destacar que el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano encargado, conforme a sus atribuciones constitucionales, de establecer los requisitos y condiciones que deben reunir quienes postulen a la jurisdicción especializada en lo militar”[2] (…) el ente encargado de nombrar a los fiscales, en todos los niveles, es el Consejo Nacional de la Magistratura.”[3] . De forma tal que el modo de selección de los operadores jurídicos del Fuero Privativo Militar Policial garantiza  su idoneidad en el cargo, toda vez que, la designación de los miembros de los tribunales militares es un aspecto relevante para la organización del sistema de justicia militar, pues permite tener una idea del grado de independencia que estos funcionarios tienen al momento de ejecutar su labor. [4]

     La Constitución Política, norma que por disposición expresa del art. 50 de su texto prima sobre otras de inferior jerarquía, establece que el Consejo Nacional de la Magistratura,  encargado del nombramiento de los Jueces y Fiscales “es independiente”, y se rige por su Ley Orgánica, por lo que, existiendo un proceso de selección preestablecido para la selección de los magistrados en general, la selección de los magistrados del tribunal militar policial no puede se realizada mediante la cooptación o designación directa. Sobre esta forma de selección, si bien Couture está de acuerdo y la defiende señala que debe ser complementado con un adecuado sistema de selección como el concurso de méritos y oposición.[5]

     La cooptación conforme se encuentra descrita en Diccionario de la Real Academia Español proviene del lat. cooptatĭo, -ōnis, significando acción y efecto de cooptar, y cooptar significa llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella. En conformidad con ello, se puede decir que la forma de selección de jueces y fiscales del Fuero Privativo Militar Policial, es mediante la cooptación.

     La cooptación es una forma de organización que no toma en cuenta los méritos de las personas para ocupar cargos públicos, o realizar diferentes tipos de liderazgos naturales. Los nombramientos son realizados internamente, por los propios jefes de la organización. Este sistema, anti democrático de selección legitima la deshonestidad, al desvalorar la capacitación, los méritos y la idoneidad para el cago de magistrado. Es una forma de cohecho o de trafico de influencia para mantener un status pre establecido con la finalidad de mantener siempre el poder al servicio de los fines mas ignotos de aquellos que se encuentran en los órganos que administran la justicia militar.

     Debe tenerse en cuenta que conforme se señala en el artículo 43 de la Constitución Política “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.” Y, que, dentro de la estructura del Estado, el Consejo Nacional de la Magistratura se erige como un órgano constitucionalmente autónomo con fines constitucionales establecidos, y con competencias que no pueden ser arrogados por entidades u órganos de inferior rango.

     En palabras de Elías Díaz: “La separación de poderes constituye, en efecto, el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo de los reyes en nombre de los derechos del pueblo: legislativo popular, pues, intentando limitar el poder omnímodo del ejecutivo, en amplia medida dominado por el rey. Y junto a ello, lucha por la independencia de la función judicial. El sentido histórico e ideológico del principio de la separación de poderes es, así, evitar la concentración de poder en manos, sobre todo, del titular del poder ejecutivo, a fin de lograr el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos que, representados democráticamente, constituyen ahora el poder legislativo”.[6]

     De Principio de separación de poderes debe destacarse su esencia, esto es la de impedir la concentración despótica del poder para salvaguardar la libertad de los ciudadanos, una herramienta para la realización de la libertad, con una visión de los poderes que se integran y complementan para el cumplimiento de las funciones encomendadas en la Constitución.


[1] Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar y Policial No 29.182, art. 13 inc. 2

 

[2] Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Exp. Nº 0004- 2006-PI/TC, (Lima: 29 de marzo, 2006), art. 43

[3] Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Exp. Nº 0004- 2006-PI/TC, art. 166

[4] RIAL, Juan
La justicia militar : entre la reforma y la permanencia . – 1a ed. – Buenos Aires : RESDAL,2010.
168 p

[5] ALSINA, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, tomo I, editorial Compañía Argentina de Editores, ed.1941, p.127

[6] DÍAZ, Elías ,Estado de Derecho y sociedad democrática. Editorial Taurus, España,1998, p. 47.

¿CÓMO DEBERÍA SER EL NOMBRAMIENTO DE LOS JUECES Y FISCALES EN EL FUERO PRIVATIVO MILITAR A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA CONSTITUCIÓN?

 

     La Ley Nº 29812 – denominada “Ley de organización y Funciones del Fuero Militar Policial”, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 11 de Enero del 2008, además de haber recibido números y graves cuestionamientos del Colegios  de Abogados de Lima, de congresistas y declaratorias de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional ha seguido y sigue sobre rigiendo los destinos del sistema de justicia militar.

     No obstante que han sido declaradas inconstitucionales numerosos artículos de la norma referida, lo que más preocupación genera es la forma como se designa a los Jueces y Fiscales del Fuero Militar Policial.

     De una lectura no muy rigurosa y exhaustiva de dicha normatividad se tiene que los jueces y fiscales que conforman la estructura de la justicia militar ostentan al mismo tiempo la condición de militares o policías en actividad (Art. 9, Art,10, Art.15, Art. 19, Art. 22, Art. 23), conforme se advierte de los artículos pertinentes:

 Artículo 9º.- Composición y quórum

El Tribunal Supremo Militar Policial está conformado por diez (10) Vocales Supremos, procedentes del Cuerpo Jurídico Militar,       con el grado militar o policial de Oficial General, Almirante, o su equivalente en situación de actividad.

El quórum del Pleno del Tribunal Supremo Militar es de seis (6) miembros.

Artículo 10º.- Nombramiento de Vocales del Tribunal Supremo Militar Policial

Los Vocales del Tribunal Supremo Militar Policial son nombrados por el Presidente de la Republica, a propuesta de la Sala Plena,   previa evaluación, concurso de méritos y mediante ternas, entre los oficiales en actividad del Cuerpo Jurídico Militar Policial. Son    removidos por falta grave. Excepcionalmente, cuando se requiera completar el número de miembros de dicho Tribunal Supremo o de alguna de sus salas, podrán ser nombrados oficiales en retiro del Cuerpo Jurídico Militar Policial por el periodo requerido.

 Artículo 15º.- Organización y composición

Los Tribunales Superiores Militares Policiales se componen de una o varias Salas Especializadas, según lo determine el Tribunal Supremo Militar, a propuesta del Presidente del cada Tribunal Superior Militar Policial.

Cada Sala está conformada por tres (3) Vocales Superiores con grado militar o policial de Coronel o Capitán de Navío, en situación de actividad

Artículo 19º.- Organización y composición

Los Juzgados Militares Policiales integran el Tribunal Superior Militar Policial de su respectiva jurisdicción, según el número y ámbito territorial que determine el Tribunal Supremo Militar Policial, a propuesta del Presidente de cada Tribunal Superior Militar Policial.

Cada Juzgado tiene un Juez titular, con grado militar o policial de Teniente Coronel o equivalente, en situación de actividad.

Artículo 22º.- Estructura Orgánica fiscal militar policial

La estructura de los órganos fiscales del Fuero Militar Policial es la siguiente:

  1. Fiscales Supremos Militares Policiales, quienes actuaran ante las Salas del Tribunal Supremo Militar Policial.
  2. Fiscales Supremos Militares Policiales, quienes actuaran ante las Salas del Tribunal Supremo Militar Policial.
  3. Fiscales Superiores Militares Policiales, quienes actuaran ante los Tribunales Superiores Militares Policiales, Y,
  4. Fiscales Militares Policiales, quienes actuaran ante los Juzgados Militares Policiales.

Los Fiscales del Fuero Militar Policial, en sus distintos niveles, son oficiales en situación de actividad, con el grado militar o policial equivalente al de los vocales o jueces del respectivo órgano jurisdiccional. Proceden del Cuerpo Jurídico Militar.

El número de Fiscales Militares Policiales, en cada caso está determinado por el número de Salas del Tribunal Supremo Militar Policial, de los Tribunales Superiores Militares Policiales y de los Juzgados Militares Policiales del ámbito nacional.

Artículo 23º.- Designación de Fiscales del Fuero Militar Policial

Los Fiscales Supremos del Fuero Militar Policial son nombrados en la misma forma y con el mismo procedimiento a los establecidos para los Vocales Supremos del Tribunal Supremo Militar Policial.

Los Fiscales Militares Policiales de otros niveles son designados por la Fiscalía Suprema Militar Policial, previo concurso de méritos y evaluación curricular.

  Las disposiciones de la Ley  Nº 29812 además de atentar contra el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suponen una vulneración al derecho de las personas a un “tribunal independiente e imparcial”, y contravienen los Principios y garantías constitucionales, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional, referido a los Principios de Independencia e Imparcialidad de la función jurisdiccional, además del Principio de Separación de Poderes.

    Sobre el particular el Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas sentencias que “(.) el hecho de que los tribunales militares sean conformados en su mayoría por “oficiales en actividad”, vulnera los principios de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, además del principio de separación de poderes, ya que, por un lado, quienes integran las diversas instancias de la jurisdicción militar son funcionarios de tales institutos castrenses; y, por otro, porque, por principio, es incompatible que personas sujetas a los principios de jerarquía y obediencia, como los profesionales de las armas que ejercen funciones jurisdiccionales, puedan ser al mismo tiempo independientes e imparciales” (Expediente N° 0023-2003-AI/TC).

  Si bien se señala, como una de las garantías de la función jurisdiccional a la  imparcialidad, ¿qué debemos entender por imparcialidad?. Existiendo diversos conceptos como autores hay una coincidencia general en denominarla como la ausencia de prejuicios frente a un litigio, es decir, la ausencia de interés en que el conflicto se solucione de determinada manera. Así, Sharman entiende que el principio de imparcialidad judicial llama a que la ley pueda ser aplicada por los jueces sin inclinaciones personales o prejuicios hacia los individuos. Los jueces deberían aplicar la ley en forma uniforme y consistente a todas las personas.

    En otras palabras, la imparcialidad judicial debería ser semejante a la protección ecuánime de la ley[1]. Por otro lado Aguiló opina que la imparcialidad podría definirse como la independencia frente a las partes y el objeto del proceso[2] Alvarado Velloso, señala que la imparcialidad tiene, en realidad, tres despliegues: la impartialidad (el juez no ha de ser parte), la imparcialidad (el juez debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio) y la independencia trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes del sistema social; y ello es así porque los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados desde (y sólo desde) el Derecho.[3]

    La independencia e imparcialidad conforme señala Aguiló Regla “Los deberes de independencia e imparcialidad conforman dos características básicas y definitorias de la posición institucional del Juez en el Estado de Derecho. Conforman la peculiar forma de obediencia al Derecho que éste les exige. Independiente e imparcial es el juez que aplica el Derecho y que lo hace por las razones que el Derecho le suministra. Con ello se trata de proteger el derecho de los ciudadanos a ser juzgados desde el Derecho y también la credibilidad de las decisiones y de las razones jurídicas. Las limitaciones al derecho de asociación de los jueces, los regímenes de incompatibilidades y las causas de abstención y de recusación no deben ser vistos como juicios previos de prevaricaciones, sino más bien como intentos de salvaguardar la credibilidad de las razones jurídicas. Nada hay más distorsionador para el funcionamiento del Estado de Derecho que el hecho que las decisiones judiciales se interpreten como motivadas por razones extrañas al Derecho y las argumentaciones que tratan de justificarlas como puras racionalizaciones”[4]

    En cuanto a la independencia, éste principio emana del rol de tercero[5] que ocupa el juzgador en el proceso. Esta posición no sólo le impide realizar tareas de las partes sino también depender en su decisión de criterios o intereses de éstas, o de personas o instituciones ajenas al proceso.

    ¿En qué se diferencian, la independencia y la imparcialidad? La independencia, el deber de independencia, trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde fuera del proceso jurisdiccional, es decir, provenientes del sistema social en general. Por tanto, el juez debe ser independiente frente a otros jueces, frente a otros poderes del Estado, frente a la prensa, frente a organizaciones sociales, frente a la Iglesia, etc. La imparcialidad, el deber de imparcialidad, por el contrario, trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde dentro del propio proceso jurisdiccional. En este sentido, el deber de imparcialidad puede definirse como un deber de independencia frente a las partes en conflicto y/o frente al objeto de litigio.[6]

   Por lo que, en definitiva, la administración de justicia en la justicia militar y policial, al encontrarse conformada por Jueces y Fiscales en situación de actividad, en cada decisión en particular, prevalecerán siempre factores de jerarquía, obediencia y subordinación o hasta supuestos de coacción omisiva que impedirían que la administración de justicia sea efectiva. Porque los Jueces y Fiscales siempre deben actuar exentos de presiones exteriores, de influencias que deformen su juicio, de pasiones que perturben su ánimo, y de apetitos que lo aparten de los dictados de la justicia.

     El hecho que los los fiscales y vocales supremos sean nombrados por el Presidente de la República (Art. 10, Art. 23) igualmente atenta contra el artículo 150 de la Constitución Política, que establece que el Consejo Nacional de la Magistratura “se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales”. Esta disposición dada por el Poder Ejecutivo invade competencias que en exclusividad han sido asignadas constitucionalmente al Consejo Nacional de la Magistratura.

   La exclusividad asignada al Consejo Nacional de la Magistratura para la designación de los jueces y fiscales, siendo una disposición constitucional ha sido soslayada por una ley de inferior jerarquía, como es la Ley Nº 29812, que desconoce el mandato constitucional que garantiza la independencia judicial como parte fundamental del debido proceso. Por lo que, siendo un mandato que conforma el sistema de garantías efectivas de carácter judicial para nombramiento de magistrados su incumplimiento o vulneración convierte en irregular e ilegítima la designación de los magistrados de la justicia castrense.

     Sobre el particular el fundamento 42 de la sentencia recaída en el expediente Nº 0006-2006-PI/TC, se estableció que “el Consejo Nacional de la Magistratura se constituye en un órgano constitucional que goza de independencia en el ejercicio de atribuciones constitucionales, tales como la selección y nombramiento de los jueces y fiscales, por lo que en la realización de tales funciones no puede depender de ningún otro poder público o personas públicas o privadas“.

     Igualmente, la Ley Nº 29182 se aparta de la jurisprudencia del TC toda vez que el artículo V del Título Preliminar señala que “los Operadores jurisdiccionales del Fuero Militar sean Vocales, Jueces o Fiscales de todos los niveles proceden únicamente del Cuerpo Judicial Militar Policial, debiendo contar obligatoriamente con formación jurídica y militar policial sin excepción alguna”. Dicha disposición afecta el principio de igualdad, porque impide el acceso a los cargos del Fuero Militar a aquellas personas que no pertenecen a este Cuerpo Jurídico Penal Militar. La disposición que señala que sólo puedan ejercer el cargo de juez, fiscal o personal auxiliar aquellos que se encuentran vinculados a los institutos armados por haber realizado la carrera militar o policial, y no los ciudadanos que puedan contar con adecuada especialización en materia de derecho militar (pero que no han participado de la “vivencia militar”) es inconstitucional; sobre todo si la propia norma contempla la posibilidad de que el juez militar pueda contar con la asesoría de un oficial de armas.

     Acertadamente el Tribunal Constitucional, luego de realizar un test de igualdad en la sentencia que recayó sobre los expedientes Nº 0004-2006-PI/TC y Nº 0006-2006-PI/TC, que la necesaria “vivencia militar” no es el único medio idóneo para que la persona que asume el cargo de juez o fiscal tenga una óptima formación jurídico militar.

     Por lo que se puede afirmar categóricamente que, el contenido de la Ley Nº 29182 no se condice con los Principios Constitucionales de un Estado de Derecho, donde se garantice la independencia e imparcialidad de la administración de justicia, contraviniendo palmariamente al contenido  constitucional, por las siguientes razones a saber.

    En primer lugar, porque el solo hecho que los jueces y fiscales del fuero militar policial sean personal en actividad de las fuerzas armadas y policiales, les quita independencia e imparcialidad, puesto que su o sus permanencias en el fuero privativo dependerá de lo que decidan sus superiores jerárquicos por la forma en que se encuentran la designación.

      En segundo lugar, porque al disponer que las personas que pueden ser designados magistrados necesariamente deben pertenecer a un cuerpo jurídico militar, que está integrado por abogados que hayan recibido formación castrense, vulnera el principio de igualdad constitucional.

      En tercer lugar, por disponer que los Vocales del Tribunal Supremo Militar Policial son directamente nombrados por el Presidente de la República, y en las demás instancias el Tribunal Supremo, desconociéndose que la exclusividad en el nombramiento del dichos Magistrados corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura y afectando a independencia de los designados.

     En cuarto lugar, por establecer un Ministerio Público Militar “autónomo e independiente en el ejercicio de sus funciones” (Art. 21) contraviene la Constitución.[7]

    Por tanto, si queremos garantizar de un lado la independencia e imparcialidad de los magistrados del Fuero Privativo Militar Policial, y de otro, que se cumplan de un modo estricto los fines del proceso, el nombramiento de los jueces militares policiales debe corresponder al Consejo Nacional de la Magistratura,  por corresponderle dicha función por mandato constitucional establecido en su artículo 150º, proceso de selección que debe llevarse a cabo aplicando estrictamente el Reglamento de Concurso para Selección de Jueces y Fiscales aprobado el 26 de noviembre de 2003 que cuenta con 4 etapas. En primer lugar, la inscripción y depuración del padrón de postulantes; en segundo, las evaluaciones (evaluación curricular, escrita y personal); en tercer lugar, la selección de magistrados; y, en cuarto, el nombramiento. Dicha proceso de selección daría lugar a un proceso de selección democrático, con personas que gocen de idoneidad, probidad, y confianza de los ciudadanos, que se erige como una garantía de una correcta administración de justicia.


[1] SHARMAN, Jeffrey M.  “Ética judicial: independencia, imparcialidad e integridad”, Pág. 16, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C. 1996.

[2] AGUILÓ REGLA, Joseph, “Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación Jurídica”, en Isonomía,  Nº06, Abril 1997, pp. 71-83

[3] AGUILÓ REGLA, Joseph, “De nuevo sobre Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación Jurídica”, [en línea]. Revista Dialnet. Dirección URL: <http://www.`dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=409554&orden…>. [Consulta: 02 diciembre 2011].

[4] AGUILÓ REGLA, Joseph,  “Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación Jurídica”, en Isonomía,  Nº06, Abril 1997, pp. 71-83

[5] En este sentido señala Alvarado Velloso que el tercero que actúa en calidad de autoridad para procesar y sentenciar el litigio, no ha de estar colocado en la posición de parte (impartialidad) ya que nadie puede ser actor o acusador y juez al mismo tiempo; debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio (imparcialidad) y debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes (independencia). Disiento parcialmente en su consideración de la independencia ya que considero que la no subordinación debe ampliarse a los miembros del propio poder judicial y a factores externos tales como presiones políticas o las provenientes de medios de comunicación. “Introducción al estudio del derecho procesal” Primera parte, Pág. 261, Rubinzal-Culzoni editores, Santa Fe, 1989.

[6] AGUILÓ REGLA, Joseph, “Imparcialidad y concepciones del Derecho”, [en línea]. Revista Dialnet. Dirección URL: <http://www. dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3192069 >. [Consulta: 07 diciembre 2011].

[7] Artículo 23º.- Competencia de los órganos fiscales militares policiales

Los órganos fiscales del Fuero Privativo Militar Policial ejercen la acción penal de oficio o a petición de parte, en los casos de delitos de función. Poseen autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

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Justicia Militar es un blog creado por Carlos Espinoza y Vladimir
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como objeto ser un espacio de discución de temas relacionados con la
juridiccción militar policial, que dada su propia estructura, naturaleza, y
normatividad, sin bien son similares a la jurisdicción ordinaria, se rigen por
sus propias reglas.

PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA JUSTICIA MILITAR POLICIAL EN EL PERÚ

Inicialmente el Consejo Supremo de Justicia Militar presenta el proyecto de la Ley de Organización y Funciones de las Justicia  en reemplazo de su anterior Ley Orgánica de Justicia Militar, que es aprobado por Ley Nº 28665 en Enero del 2006 (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 07 de Enero del 2006) con el nombre de “Ley de Organización, Funciones y Competencia de la en materia Penal Militar Policial”; cosa inaudita por primera en la historia de la Justicia Militar  a la Policía Nacional como parte de su organización y ámbito de competencia con nombre propio; pero no solamente eso, los Vocales Supremos de la Policía Nacional podían llegar a ser Presidentes de la Sala Suprema Penal Militar Policial que no era otra cosa que el equivalente al Consejo Supremo de Justicia Militar, por lo que ante los cuestionamientos de organismos gubernamentales sobre  la justicia militar promueve la  Ley N° 29812, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de  Enero de 2008.

La instauración de la Ley N° 29812, denominada “Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial del en el Perú”, que establece la naturaleza, estructura, organización, competencia, jurisdicción, funciones y atribuciones del Fuero Militar Policial, ha hecho que Justicia MilitarPolicial se convierta en una especie de quinto poder. Si se tiene en cuenta, que tras el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los medios de comunicación, el Fuero Militar Policial se erige como un nuevo poder que en el ámbito nacional a través de sus órganos jerárquicamente organizados.

La Ley N° 29812, antes referida, ha sido dictada transgrediendo de modo  gravoso las Sentencias del Tribunal Constitucional  Nº 0023-2003-AI/TC, Nº 0004-2006-PI/TC, Nº 0006-2006-PI/TC, por las que el máximo intérprete de la Constitucional los había declarado inconstitucionales, pero que, obedeciendo móviles de impunidad para los autores de los delitos de crímenes Contra los Derechos Humanos, se ha logrado su aprobación, así como cambiar de denominación de “Fuero Militar” por el de “Fuero Militar Policial”, basado en la poca o nula carga procesal que tendrían de tramitar casos de militares únicamente.

El Consejo Supremo de Justicia Militar presenta el proyecto de la Ley de Organización y Funciones de las Justicia Militar en de su anterior Ley Orgánica de Justicia Militar, que es aprobado por Ley Nº 28665 en Enero del 2006 (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 07 de Enero del 2006) con el nombre de “Ley de Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción en materia Penal Militar Policial”; cosa inaudita por primera en la historia de la Justicia Militar consideraba a la Policía Nacional como parte
de su organización y ámbito de competencia con nombre propio; pero no solamente eso, los Vocales Supremos de la Policía podían llegar a ser Presidentes de la Sala Suprema Penal Militar Policial que no era otra cosa que el equivalente al Consejo Supremo de Militar.

El problema de la justicia militar policial, en la forma en que se  encuentra concebida  radica, en primer lugar, en que ha nacido de la iniciativa del Consejo Supremo de Justicia Militar  en su  militar, en segundo lugar, no puede ni debe corresponder un militar a la Policía Nacional, sino un tratamiento de carácter civil,  en concordancia con la mayoría de las legislaciones del mundo, y los que al respecto han formulado entidades estales y privados, en tercer lugar, la justicia militar no debe ser un órgano jurisdiccional  y del Poder Judicial; por el contrario, debe existir como una rama especializada al interior de éste, cuyos fallos sean de ser recurridos  su revisión ante la Corte Suprema de la República, y por último, el juzgamiento de los civiles ante el fuero militar, en los casos de terrorismo y traición a la patria debe excluirse previa modificación de la Carta
Fundamental.

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